Argentina slides into default as debt talks fail
El dilema argentino de estas horas, —los “holdouts” litigantes o “fondos buitres”— que agita los mercados y genera incertidumbres de todo tipo que se reflejan en la Bolsa y en especial en la cotización del dólar, es que el juez federal Thomas Griesa no le cree a los enviados de la presidente Cristina Kirchner. Y, aparentemente, tiene motivos y antecedentes varios para desconfiar de la “vocación de cumplir con los acreedores” que manifiesta el gobierno kirchnerista.Es que, tanto la fábula del “pastor mentiroso”, como lo que sentencia más de un refrán —“la mentira tiene patas cortitas” o “antes se pilla a un mentiroso que a un cojo”— parecen hechas a medida para la administración iniciada por Néstor Kirchner y hoy al mando de su viuda Cristina Fernández.Ellos fabulan, desfiguran la realidad a gusto y gana, inventan números que le satisfacen al tiempo que niegan y censuran los que no les agradan. Todo esto, además, con tono prepotente y ademán arrogante.
El caso de la inflación ya es archiconocido. Argentina es el cuarto país con mayor inflación del mundo. Solo están por encima la Venezuela bolivariana y chavista —campeona indiscutida— Sudán e Irán. Se trata de un ranking elaborado sobre la base de cálculos de empresas privadas, que para el 2013 midieron un aumento del índice de precios del 28.3 por ciento. Si se toma el índice oficial (Indec) solo fue del 10.6 por ciento, pero esto se enmarca en eso de las realidades inventadas por el Gobierno, que lo único que le genera es descrédito.Y nada escapa a esa doble realidad: la del Gobierno y la real, diríamos.
Hace unos días se conoció un estudio sobre “pobreza” de la Universidad Católica Argentina —institución privada y no afiliada políticamente, ni aliada a la oposición— que sitúa en un 27 por ciento el número de argentinos que viven en situación de pobreza. El estudio no solo dice que más de la cuarta parte de la población es pobre, sino que los que están en esa situación son ocho veces más que los que dice el Gobierno (el Indec). Para este instituto oficial, según las últimas cifras que dio a conocer a finales del año pasado, el porcentaje de pobres es del 3.5 por ciento. Menuda diferencia. Como para no tener sus dudas el juez neoyorquino. Respecto al tema de la pobreza, también hay diferencias entre la información oficial y el trabajo universitario, en lo que hace a la indigencia. Oficialmente el índice es del 3.5 por ciento, mientras que para los estudios de la universidad privada se eleva al 5.5 por ciento. Lo que explica estas diferencias es que el Gobierno toma para sus cálculos sus propias cifras —las del Indec— las que a la vez le sirven de base cuando tiene que calcularle los beneficios e intereses a tenedores de Bonos Regulados por esas variaciones sujetas exclusivamente a las “mediciones” oficiales. Menudo negocio; no para los bonistas, desde luego.
Volviendo al tema de los fondos buitres, se dice que lo que el gobierno de Cristina Kirchner necesita es un plazo hasta el 31 de diciembre para cumplir con los litigantes. Con ello evitaría extender igual solución a los otros acreedores, los que renovaron y aceptaron recortes y quitas para reestructurar la deuda con la garantía de que si a otros tenedores de bonos se le daba una mejor fórmula, esta se les aplicaría y los ampararía a ellos (la llamada Cláusula de Derechos sobre ofertas futuras). Ese amparo es el que desaparecería el 31 de diciembre. Parecería que estos acreedores que actuaron de buena fe y confiaron hoy no saben en qué creer. Todavía hay algunos, a diferencia del juez, que se resiste a aceptar la idea de que el gobierno de Cristina Kirchner pueda pensar en una solución que “ premia” a los que llaman buitres, y a ellos, los que creyeron, los deja con “las patas para arriba”. El autor es periodista uruguayo, fue presidente de la Sociedad Interamericana.
